La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela manda a prisión a el Vicepresident Oriol Junqueras y a otros siete miembros del Gabinete destituido. El exconseller Santi Vila ha quedado en libertad tras pagar una fianza de cincuenta mil euros. Los cuatro consejeros restantes y Puigdemont están “huidos” en territorio belga.
En un acto sin precedentes la justicia española ejerce sin miramientos contra los exmiembros de un gobierno autonómico al que acusa de “rebeldía, sedición y malversación de fondos”, delitos que podrían acarrearles penas de entre 8 y 25 años de cárcel, de comprobarse alguno de ellos, pero que si se les condenara por los tres podrían elevar estas penas hasta los 50 años de prisión según la legislación española vigente.Esta medida cautelar significa que podrían estar hasta dos años de prisión de manera preventiva hasta la celebración del juicio. El abogado de tres exmiembros del Govern que ingresaron ayer en prisión Andreu Van den Eynde ha asegurado que recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional y ha dicho que sus defendidos -el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Carles Mundó- están confiados y fuertes.

Además de contra el “govern” catalán en pleno, la justicia española también ha actuado contra los miembros de la mesa del Parlament encabezados por su presidenta Carme Forcadell. En este caso, el Tribunal Supremo concedió una prórroga a la presidenta y los otros cinco miembros de la Mesa citados. El magistrado Pablo Llarena accedió a la petición de la defensa y pospuso la comparecencia al próximo 9 de noviembre, festivo en Madrid y aniversario de la consulta de 2014 que supuso la condena del ‘expresident’ Artur Mas y los ‘exconsellers’ Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega; y de la declaración soberanista de 2015, con la que comienza el relato de hechos en la querella fiscal.

Banderas, independentistas, Barcelona


El encarcelamiento de los ocho miembros del Govern de la Generalitat de Catalunya copa portadas en la prensa internacional. La decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de mandar a la cárcel a ocho miembros del depuesto gobierno catalán ha dado la vuelta al mundo y ha caldeado aún más lo ánimos de los catalanes soberanistas/independentistas que para el próximo 8 de noviembre han convocado ya una jornada de Huelga General. El llamado lo hace la Intersindical-CSC, sindicato independentista. Pretenden repetir el éxito del pasado 3 de octubre y movilizar a los 2 millones que votaron el “referendum”, cuando organizaron el paro junto a otras tres centrales minoritarias, y en esta ocasión el llamamiento llega tras los encarcelamientos del Govern cesado.

Anoche mismo tras conocerse las ordenes de ingreso en prisión de la Audiencia Nacional contra los ex miembros del Govern, miles de personas salieron a las calles de poblaciones como Tarragonam, Reus y la propia Barcelona para exigir la liberación de los ex consellers al grito de “libertat” y criticaban la decisión de la justicia española que según algunos de los asistentes a estas concentraciones espontaneas “Esta actuando bajo las ordenes de un gobierno nacional, el de Mariano Rajoy, que quiere cobrarse venganza e imponerse por la fuerza de la cárcel y la represión sobre la voluntad popular de los catalanes como ocurrió durante los años más oscuros de la reciente historia española”. Algunos llegaron a recordar la figura del president Lluís Companys encarcelado y fusilado por la dictadura franquista para equiparar su figura con la del actual ex president Carles Puigdemont, contra quien la misma Audiencia Nacional que ordeno prisión para el resto de su equipo ha emitido una orden de detención nacional e internacional.

Por eso muchas voces críticas con ambas posiciones, la de los independentistas del Govern y la del gobierno español, si se ponen de acuerdo en una misma cosa y es que: Los primeros querían mártires y por eso forzaron la maquina para ver hasta donde llegaba los segundos. Y con esta decisión de la justicia, a instancias de la Fiscalía General, el Estado español, les ha dado esos mártires.