El domingo anterior, 01 de octubre, se llevó a cabo un referendo independentista en Cataluña convocado por el Gobierno catalán, que lo celebró pese al auto mediante el cual el Tribunal Constitucional Español lo había declarado ilegal. Esa jornada transcurrió en medio de mucha tensión, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y ciudadanos que se oponían al cierre de los colegios electorales, ordenado por la Fiscalía General, terminó con cargas de fuerza excesiva y más de 860 personas heridas de diversa consideración. Las fuerzas independentistas, en respuesta a esos “actos de represión del Estado”, llamaron a una huelga general el martes 03 de octubre y paralizaron nuevamente la comunidad autónoma.

Los partidos de Cataluña Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presionan al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que no demore la declaración unilateral de independencia. De acuerdo a fuentes cercanas al nacionalismo, las dos formaciones políticas se agarran al resultado del referendo y a que no confían en que el Gobierno de España ofrezca cualquier posibilidad de negociación. Sin embargo, también en los círculos políticos catalanes, se dice que el partido de Puigdemont (el Partido Demócrata Europeo Catalán) duda, al considerar que “proclamar la secesión en estas condiciones es arriesgado”.

La ley del referendo de autodeterminación aprobada por el Parlamento catalán establece que los resultados son vinculantes y en los dos días posteriores a la consulta se celebrará un pleno ordinario para efectuar una declaración formal de independencia, tras la cual se iniciará un proceso constituyente. Este se realizaría el próximo lunes, si nada ni nadie lo impiden y si no detienen al president y a otras autoridades catalanas antes. Por su parte la Mesa del Parlamento catalán y su presidenta Carmen Forcadell, deciden hoy miércoles cual será el orden del día para la próxima sesión plenaria del Parlament.

El Rey Felipe VI llama al Estado a restaurar el orden constitucional y recalca su papel como garante de la unidad española.

Felipe de Borbón, Jefe del Estado, se ha dirigido a los españoles en un discurso televisivo de apenas 7 minutos, con tono serio y preocupado por la insurrección y las decisiones “que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada −ilegalmente− la independencia de Cataluña” y cómo “determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno”. En su mensaje ha realizado una firme defensa del orden constitucional frente al propósito separatista del Govern en estos “momentos muy graves para nuestra vida democrática”.

Mientras tanto, el jefe máximo de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Escuadra, el Mayor Josep Lluís Trapero ha sido citado a declarar como investigado –imputado- ante la Audiencia Nacional por sedición al no cumplir las órdenes de la Fiscalía y los jueces. Según las leyes españolas, el delito de sedición castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Y otro sector que también ha manifestado “máxima preocupación” con lo que está sucediendo en Cataluña es el lobby empresarial aglutinado en el Círculo de Economía, que reúne tanto a grandes empresas como a economistas y académicos de Cataluña. Este grupo considera que una eventual Declaración Unilateral de Independencia “metería al país en una situación altamente compleja y de la que se desconocen las consecuencias reales” y pide a las partes, especialmente al Gobierno y Parlamento españoles, a que retomen otro camino, busquen el diálogo y a que tengan “un papel más activo” para encontrar alternativas negociadas.